SEGURO AMBIENTAL: UNA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO

La ley 25675 o Ley General del Ambiente, establece la obligatoriedad de contar con un seguro ambiental para todas aquellas empresas o industrias que realicen actividades riesgosas para el ambiente. Como está diseñado hoy en nuestro país, la única forma de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, es a través de la contratación de un seguro de caución ambiental, que opera como una garantía de que la empresa contará con los fondos suficientes para recomponer el daño ambiental de incidencia colectiva causado con su accionar. Si bien es el único camino para cumplir con la ley, lo cierto es que ha recibido numerosas críticas, atento que pone la mirada no en la prevención sino en la recomposición, sin exigir a cambio ningún tipo de actitud de prevención. Esta exigencia, va más allá del cumplimiento de las prácticas de gestión y control ambiental que le requiera específicamente el órgano de control.
En concordancia con la nueva política de Estado, donde el derecho a un ambiente sano parece haber pasado a formar una parte muy importante de la agenda pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo de Sergio Bergman, se encuentra analizando un nuevo seguro ambiental frente a posibles accidentes provenientes de la actividad industrial. Es por ello que se encuentra trabajando junto con todos los sectores involucrados, como la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAIPTA) para repensar distintos aspectos del seguro ambiental.
Días atrás el Ministro Bergman, anunció que por primera vez impulsarán ante la justicia la ejecución del seguro ambiental en el conocido caso del impacto ambiental negativo producido por el derrame de solución cianurada en la mina sanjuanina de Veladero. El mismo asciende a la suma de 90 millones de pesos.
El día 13 de septiembre de 2015, personal del emprendimiento minero Veladero, explotado por la empresa Barrick Gold, detectó un derrame de solución PLS (solución rica de procesos, cianurada), que habría comenzado a derramarse a las 20 horas del día anterior. La fuga habría ocurrido por una falla en una válvula de venteo y la solución derramada habría llegado hasta el río Potrerillos debido a que una compuerta se encontraba abierta.
De acuerdo con el peritaje oficial de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) el derrame llegó a contaminar las aguas de cinco ríos: Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y Blanco.
Pocos días atrás, el Ministerio de Minería de San Juan sancionó a la empresa con una multa de 145.696.000 pesos.
Desde el gobierno, ratificaron su compromiso con el control para cuidar la vida y el ambiente sosteniendo que “la actividad económica y el desarrollo productivo no deben dañar los recursos naturales.”
Una oportunidad del mercado asegurador para el diseño de un seguro ambiental que no sólo cumpla con los requisitos exigidos por la ley General del Ambiente, sino que además fomente las conductas de prevención por parte de las empresas que tienen potencial para causar daños ambientales.

Fabian Naya - Productor de Seguros